Si en México se desatara una crisis por –por ejemplo, al perder el grado de inversión– sería estridente, estaría acompañada de una alta volatilidad financiera y dejaría repercusiones económicas de mediano y largo plazos. Pero hay otras amenazas que pueden ser más silenciosas, pero con un alto nivel de destrucción para el potencial económico; recién conocimos el diagnóstico de una enfermedad así en nuestro país.
El más reciente Rule of Law Index 2026 del World Justice Project (WJP) no solo confirma que México descendió a la posición 125 de 143 países evaluados; devela una trayectoria de deterioro institucional ininterrumpida que cobra una factura directa a la economía real.
El México de "la transformación", del "se acabó la corrupción" y del "no somos iguales" tiene una calificación global de 0.39 –muy distante del promedio internacional de 0.55–. Nuestro país sufrió un retroceso en siete de los ocho factores analizados. La velocidad del cambio y la profundidad del rezago son alarmantes: en el bloque de las 44 naciones de ingresos medios altos, ocupamos el puesto 43. En materia institucional, tras ocho años de la devastadora retórica de este régimen, México hoy se ubica en ese grupo solo un escalón por encima de Venezuela.
Estos no son solo datos abstractos de la tecnocracia; son parte de una realidad que se nota en la atracción de capitales, en el costo de hacer negocios y en la productividad. El reporte coloca a México en el lugar 135 en Ausencia de Corrupción, en el 132 en Orden y Seguridad, y en un crítico puesto 139 en Justicia Penal.
Estos datos del WJP garantizan dos cosas: la descalificación por parte del gobierno y la realidad de que, para los mercados financieros e inversionistas globales, estos números se traducen en costos de transacción desproporcionados, primas de seguro elevadas para la logística y un riesgo permanente de operación y regulación sobre la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos.
Las certezas tradicionales que México tenía para ser destino al precio que fuera, desaparecen. El libre comercio con Estados Unidos está bloqueado con aranceles incluso más altos que con otras regiones; la ventaja geográfica frente a Vietnam o Malasia se diluye cuando Costa Rica o Uruguay cambian esos kilómetros extra por mayor certeza jurídica y mayor predictibilidad regulatoria.
México retrocede a los niveles más bajos de la región, donde ocupa el puesto 28 de 32 países evaluados en América Latina.
Y no busquemos las lecciones de Dinamarca –-que hoy quedan claras como una burla a la gente y al precario acceso a la salud pública–; ahí está el caso de Estonia, que escaló a las primeras posiciones del WJP mediante la digitalización de la justicia y la transparencia total, lo que demuestra que las herramientas existen cuando hay voluntad política.
Un desarrollador puede gastar millones en una fachada espectacular, con acabados de lujo y una publicidad inmobiliaria deslumbrante. Pero si los cimientos están carcomidos y la estructura no tiene soporte, el edificio no resistirá una tormenta, aun si ésta parece tan ligera como perder un solo escalón en la calificación crediticia.
Hoy, México pretende construir un parque industrial de primer mundo sobre los cimientos frágiles de un país ubicado en el lugar 125 de 143 en certidumbre legal.
