Desde su asunción como presidenta de Costa Rica en mayo pasado –e incluso antes, a lo largo de su campaña–, la conservadora Laura Fernández ha presentado a su gobierno como una "continuidad" del de su antecesor y padrino político, Rodrigo Chaves.
En esa línea, la mandataria ha adoptado también una disputa que ya había iniciado Chaves: el enfrentamiento con el Poder Judicial, al que acusa de inacción frente al creciente crimen organizado en el país centroamericano.
Con el argumento de impulsar un mejor funcionamiento del sistema judicial y con críticas a la supuesta politización de los jueces, Fernández impulsa una serie de cambios a la Justicia que opositores y juristas denuncian como un intento de concentración de poder del Ejecutivo.
Ese choque se ha profundizado en las últimas semanas y ya ha motivado algunas movilizaciones en contra de las eventuales reformas, como la realizada el lunes, coincidiendo con el Día de la independencia de Costa Rica.
En Costa Rica, históricamente considerado uno de los países más seguros y estables de América Latina, la creciente influencia del crimen organizado ha contribuido a disparar la tasa de homicidios hasta 17 casos por cada 100.000 habitantes en 2025, en comparación con el 11,2 registrado en 2019.
Para el politólogo Sergio Araya, la cifra "raya estándares que podríamos considerar de epidemia" con una "penetración del crimen organizado en diferentes esferas del quehacer nacional", al punto que Costa Rica "hace mucho dejó de ser solamente un país de tránsito", al punto de que "ya hay organizaciones criminales totalmente criollas que están conectadas al crimen organizado transnacional".
La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, recibe el abrazo de su predecesor y padrino político, Rodrigo Chaves, quien será ministro de dos carteras de su gobierno, en San José, el 8 de mayo de 2026.
En este contexto, Araya explicó a France 24 que tanto Fernández como su antecesor Chaves –hoy cumpliendo un rol de 'súperministro', a cargo de las carteras de Presidencia y Hacienda– han achacado al Poder Judicial "parte importante de la responsabilidad por el incremento en la inseguridad ciudadana".
Entre otras cosas, el politólogo costarricense apuntó que, para el Ejecutivo, uno de los problemas es que los jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) "prácticamente están por tiempo indefinido", ya que la única forma de evitar una reelección automática es con una mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa (38 de 51 congresistas) "que no siempre se consigue y por eso tenemos magistraturas de incluso tres décadas".
Así, Fernández, que asumió con la promesa de mano dura contra la ola de delincuencia, ha defendido la necesidad de reformas de un sistema judicial al que considera excesivamente permisivo, inefectivo y supuestamente politizado.
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Entre las medidas propuestas por la mandataria derechista están modificaciones a los Códigos Penal y Procesal Penal con el fin, según ella, de agilizar los trámites de las causas; recortar los presupuestos del Poder Judicial; y modificar algunos criterios de elección de cargos judiciales, entre ellos, el del fiscal general, para que pueda ser nombrado por el Poder Legislativo.
La posición del Gobierno actual, que va en línea con la del anterior, añadió Araya, es "buscar reformas que van desde ponerle un límite a la posibilidad de la reelección de los jueces de las cuatro salas que integran la Corte Plena (máximo órgano del Supremo costarricense) hasta cambiar de actor que elige al fiscal general", una potestad que hoy recae en la Corte Plena y el Gobierno pretende "trasladarla a la Asamblea Legislativa".
Frente a estos cambios, juristas, opositores y críticos de la iniciativa han denunciado un intento de acumulación de poder del Gobierno costarricense, cuya reforma supuestamente afectaría la imparcialidad de la Justicia.
"Para los detractores, esto suena a una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial", subrayó Araya.
Para el politólogo costarricense, "todos los poderes están conscientes de la necesidad" de hacer modificaciones al sistema judicial frente a una realidad "muy compleja, que ha dejado tal vez rezagado el marco jurídico e inclusive la capacidad de gestión de esa administración de justicia", aunque también se deben enfrentar "los factores que desencadenan estos escenarios de inseguridad".
La diferencia, puntualizó Arraya, es de "criterio": "De parte del Poder Judicial, se presume que, al amparo de esa necesaria reforma, el Ejecutivo persigue una expansión de sus poderes, su control y, de alguna forma, afectar la división de poderes que ha sido clásica de nuestro sistema democrático".
Líderes opositores, como la excandidata presidencial Claudia Dobles, han acusado al Gobierno de Fernández de ejecutar una "guerra abierta" contra las instituciones judiciales en el marco de un supuesto intento de concentrar todos los poderes del Estado.
Asimismo, recientemente, el juez de la Sala Constitucional de la CSJ, Jorge Araya, denunció una "deriva autoritaria" del Ejecutivo, al que además acusó de pretender asfixiar financieramente al poder judicial.
La disputa entre el Ejecutivo y el Judicial de Costa Rica escaló a inicios de agosto, cuando la presidenta Fernández acusó de "golpistas" a los jueces de la Corte Suprema, que a finales de julio prorrogó el período de sus magistrados suplentes, que había vencido en diciembre pasado.
Desde entonces, el bloque oficialista, mayoritario en la Asamblea Legislativa, había devuelto dos veces la lista de aspirantes a ocupar los cargos de manera permanente que habían sido propuestos por el máximo tribunal. Esa maniobra fue tildada por opositores como un intento de sabotear al poder judicial.
Mientras la Corte justificó la prolongación del mandato de los magistrados suplentes como una forma de evitar la parálisis del sistema de justicia, el oficialismo costarricense presentó una demanda contra el Supremo por supuestamente "usurpar" poderes del legislativo.
A eso se suma que el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno de Fernández y que debe ser aprobado por mayoría simple en el Legislativo (el oficialismo cuenta con los votos necesarios, gracias a sus 31 bancas) incluye reducciones drásticas a las partidas para el Poder Judicial.
Un hombre grita consignas durante una protesta en defensa del poder judicial, la separación de poderes y el Estado de derecho, y en contra del gobierno de la presidenta Laura Fernández, en San José, el 14 de septiembre de 2026.
Según el politólogo Sergio Araya, los críticos de la administración de Laura Fernández ven en estos procesos un intento de "minar la maniobrabilidad del Poder Judicial".
Lo propio hizo el juez de la Sala Constitucional, Jorge Araya, quien denunció que "el proceso de cierre del poder judicial ya comenzó". "En el pasado las democracias acababan con golpes de Estado, en el presente acaban con golpes presupuestarios y ¿hacia dónde vamos? Hacia un autoritarismo", aseguró.
Ante la queja por la reducción presupuestaria, Fernández autorizó esta semana que se disponga de una partida adicional para el Poder Judicial, aunque sujeta a ciertas condiciones, una acción que, según el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, no está prevista en la Constitución del país.
Para la Corte, explica el politólogo Sergio Araya a France 24, esa medida "es más bien una forma de coadministrar de parte del Ejecutivo y de interferir en el Poder Judicial".
La disputa ha llegado a las calles y, el lunes 14 de septiembre, cientos de personas, portando faroles encendidos y banderas costarricenses, se congregaron en la Plaza de Morazán de la capital San José, así como en otras provincias, en la denominada 'Faroleada por la democracia'.
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Entre las consignas se pudieron leer carteles con mensajes como "por el respeto a los poderes de la República, viva Costa Rica" y "democracia sí", además de gritos de "fuera Chaves", en rechazo al expresidente, al que consideran el iniciador de las tensiones entre poderes.
La jueza jubilada Carol Vinda le aseguró a la agencia AFP que "nunca había habido esta situación de intromisión de los poderes", mientras que Manuel Chávez, pensionado de 73 años, llamó a "defender la democracia" frente a un gobierno que "quiere tener todo el poder".
Con AFP y medios locales
