El gobierno de Ecuador decretó el estado de excepción en ocho de sus 24 provincias, considerándolas como las más afectadas por la violencia del narcotráfico, que continúa pese a las permanentes operaciones militares y policiales.
Organizaciones criminales, dedicadas también al secuestro, la extorsión y la minería ilegal, sostienen una cruenta disputa por el poder que llevó a la violencia a su punto más alto en 2025. El año pasado se registraron 51 muertes por cada 100000 habitantes, lo que equivale a un asesinato cada hora, según Insight Crime.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, aliado del estadounidense Donald Trump, declaró el estado de excepción para las provincias costeras de El Oro, Esmeraldas, Guayas (cuya capital es Guayaquil), Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, además de la andina Pichincha (donde está Quito).
La medida, anunciada el martes por la "grave conmoción interna", también cobija a las localidades de Camilo Ponce Enríquez (provincia de Azuay), Las Naves (Bolívar) y La Maná (Cotopaxi). Tendrá una duración de 60 días.
Desde que asumió el poder en noviembre de 2023, Noboa ha decretado sendos estados de excepción y toques de queda nocturnos en medio de su guerra contra el narcotráfico, con el despliegue de militares a las calles y el apoyo de Estados Unidos.
Noboa, mediante un decreto, suspendió los derechos a la inviolabilidad de domicilio y a la correspondencia en las áreas en estado de excepción, donde intervendrán las Fuerzas Armadas para contrarrestar las actividades criminales.
La semana pasada, el gobierno anunció la vigencia del 17 al 30 de setiembre de un toque de queda nocturno en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, ésta última fronteriza con Perú.
La nueva ofensiva contra el crimen organizado se da tras la segunda visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Quito en una gira en la que elogió a su "fiel" aliado Ecuador por su combate contra las drogas.
