El mercado de carbono en México podría duplicar su tamaño hacia 2030, al pasar de alrededor de 2.5 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente a cerca de 5 millones, impulsado por una mayor demanda local e internacional. El crecimiento, sin embargo, dependerá de que el país establezca sus impuestos estatales, desarrolle plenamente su Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) y abra nuevas vías para que los proyectos mexicanos vendan reducciones en mercados internacionales.
Esa es la estimación de Eduardo Piqueiro, director de la plataforma MÉXICO2, quien advierte que el mercado todavía está en desarrollo, pero muestra una trayectoria ascendente. La emisión de créditos pasó de aproximadamente 1.5 millones de toneladas anuales a 2.5 millones el año pasado y podría alcanzar alrededor de 3.5 millones al cierre del 2026.
Empero, se observa una baja en los precios. "Después de ubicarse entre 14 y 16 dólares por tonelada el año pasado, los créditos mexicanos se negocian actualmente alrededor de 13 a 15 dólares, ante una mayor oferta y una demanda relativamente estable. Piqueiro anticipa, que el precio osciles alrededor de 15 dólares en los próximos años y posteriormente niveles cercanos a 20 dólares.
México no tiene un solo mercado de carbono. Piqueiro identifica tres segmentos:
• El primero corresponde a empresas, principalmente estadounidenses, que voluntariamente compran créditos generados por proyectos mexicanos.
• El segundo, hoy el más relevante, está vinculado al pago de impuestos ambientales.
• El tercero permitiría vender reducciones directamente a otros países bajo los mecanismos internacionales derivados del Acuerdo de París, una infraestructura que México todavía necesita desarrollar.
Uno de los principales obstáculos está en la regulación estatal. Piqueiro señala que existen 14 estados con impuestos al carbono, pero sólo Querétaro y Colima permiten actualmente utilizar créditos para cubrir esas obligaciones.
Además, los impuestos difieren en precio, periodicidad y emisiones gravadas. "Para una compañía con plantas en distintas entidades, esta dispersión incrementa la complejidad regulatoria y dificulta incorporar un precio homogéneo del carbono en sus decisiones financieras".
Las diferencias pueden ser amplias. Guanajuato cobra alrededor de 45 pesos por tonelada emitida; Tamaulipas, unos 300 pesos, y Querétaro, cerca de 600 pesos. Piqueiro considera que armonizar gradualmente estos mecanismos será indispensable para dar mayor certidumbre a empresas e inversionistas.
A ello se suma el SCE federal, previsto en la Ley General de Cambio Climático y que continúa en fase piloto. El reto será construir un mecanismo nacional capaz de convivir con los impuestos locales y generar señales de precio suficientemente claras para incentivar reducciones.
La evolución regulatoria comienza a modificar las decisiones corporativas. Piqueiro considera que el precio de las emisiones debe analizarse como un riesgo de transición, porque cada vez más países y gobiernos subnacionales establecen impuestos, sistemas de comercio u otros mecanismos para cobrar por emitir gei.
Para las empresas mexicanas exportadoras, el cambio ya está llegando a través de sus clientes. Compañías de EU solicitan información sobre emisiones a proveedores de sectores agrícolas, automotrices, siderúrgicos y químicos. A su vez, inversionistas institucionales, aseguradoras, fondos de pensiones y family offices presionan a las empresas para conocer la huella climática de sus cadenas de valor.
El interés se trasladó al financiamiento. Durante el Mexico Carbon Forum, Piqueiro detectó una mayor presencia de fondos mexicanos de venture capital y capital de riesgo interesados en conocer oportunidades relacionadas con carbono.
Aunque los proyectos forestales siguen dominando buena parte de la oferta mexicana, Piqueiro apunta hacia un nuevo nicho: la captura y reducción de metano procedente de residuos, particularmente orgánicos.
También observa potencial en eficiencia energética y proyectos industriales capaces de reducir emisiones y generar créditos verificables.
Los créditos de carbono, explica, ofrecen rapidez y permiten realizar reducciones a menor costo, particularmente en industrias donde todavía no existen tecnologías comercialmente disponibles para alcanzar emisiones cero, como minería, transporte pesado y determinados procesos químicos.
La oportunidad hacia 2030, por tanto, no estará únicamente en vender créditos. El mercado puede convertirse en un engranaje para dirigir capital hacia infraestructura, eficiencia energética, manejo de residuos y reconversión industrial.
"El SCE contempla un mercado potencial de alrededor de 20 millones de toneladas, aunque desarrollar suficientes proyectos para abastecerlo tomaría varios años", concluyó.
